Desde el reconocimiento de pueblos originarios hasta licencias permanentes
Durante el primer año de trabajo de la LXII Legislatura mexiquense, el Grupo Parlamentario del PRI impulsó diversas iniciativas centradas en seguridad pública, protección social y desarrollo económico. Una de las más relevantes fue la incorporación del delito de acecho —conocido como “stalking”— al Código Penal estatal, estableciendo penas de prisión que pueden alcanzar hasta seis años y ocho meses, además de multas proporcionales según la gravedad del caso.
También se aprobó que quienes encabecen las direcciones municipales de seguridad deban contar con licenciatura, certificaciones específicas y someterse a evaluaciones de confianza para desempeñar sus funciones.
En materia ambiental, se estableció la regulación de tecnologías como los cañones antigranizo y las avionetas que alteran el ciclo hidrológico. Su uso ahora exige un permiso, y su aplicación sin autorización puede derivar en sanciones millonarias. Esta reforma fue producto de iniciativas conjuntas entre distintas bancadas legislativas y el Ejecutivo estatal.
La bancada priista también promovió exhortos que buscan mejorar la señalización vial en los municipios denominados Pueblos Mágicos, reducir el rezago laboral, fortalecer el empleo y generar esquemas de productividad. En el ámbito de derechos humanos, impulsaron un llamado para que se designe, mediante consulta pública con colectivos y expertos, a la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.
En temas de movilidad y seguridad, se propuso restringir el paso de transporte de carga en los carriles centrales de la carretera Toluca-Palmillas, con el objetivo de reducir accidentes. Asimismo, se planteó integrar el Programa Estatal de Seguridad Pública con participación del Consejo Ciudadano y de los consejos intermunicipales.
Actualmente, están en análisis propuestas que abarcan desde la eliminación de la pérdida de pensión por viudez al contraer matrimonio o vivir en concubinato, hasta la expedición de licencias permanentes y la supresión del impuesto vehicular y la renovación de placas. También se plantea que los gobiernos se hagan responsables por daños generados por el mal estado de las vialidades.
El PRI busca reforzar el acceso a programas sociales transparentes y con presupuesto asegurado en la Constitución, así como exentar del pago de predial a personas mayores de 65 años que sean dueñas y habitantes de sus predios. Además, promueve medidas para fortalecer el reconocimiento y los derechos de pueblos originarios, como incluir más localidades en el listado estatal, crear una Secretaría de Interculturalidad, y reconocer municipios como zonas con población nativa.
Entre otras propuestas figuran la creación de una plataforma digital para comercializar artesanías mexiquenses, el diseño del Programa Hídrico Integral Estatal y la implementación de una bolsa de empleo para jóvenes. También se promueve un programa de prevención y control de diabetes, en coordinación con instituciones federales y estatales, y se solicita a los presidentes municipales informar sobre sus direcciones de asuntos indígenas y reglamentos relacionados.
Finalmente, el balance legislativo del GPPRI abarca del 5 de septiembre de 2024 al 18 de julio de 2025, periodo en el que consolidaron una agenda basada en seguridad, justicia social y propuestas con impacto directo en la vida cotidiana de las y los mexiquenses.
