Tres detenidos y servidores públicos señalados por omitir atención a la madre
Los tres presuntos responsables de la muerte de Fernandito fueron vinculados a proceso. Permanecen en prisión preventiva y enfrentan cargos por desaparición y secuestro con resultado de muerte, delitos que podrían alcanzar penas de hasta 160 años.
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El cuerpo del menor fue hallado el 4 de agosto en una vivienda del municipio de La Paz. La investigación señala que la privación ilegal de su libertad ocurrió el 28 de julio. Peritajes revelaron fracturas en clavícula y costillas, además de lesiones contusas. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, con un intervalo estimado de entre tres y cinco días antes del hallazgo.
La Fiscalía también investiga a servidores públicos por posible abuso de autoridad, tras la denuncia de M.N.G.S., madre del menor. Ella acudió el 3 de agosto al Centro de Justicia de La Paz para reportar que una amiga no quería devolverle a su hijo. Fue atendida por un practicante, quien informó al agente del Ministerio Público. Este le indicó que esperara a otra funcionaria o que acudiera a la agencia de Género. Ante esa respuesta, la madre se retiró y volvió al día siguiente para formalizar la denuncia.
Ese mismo día, personal ministerial y policías municipales acudieron al domicilio señalado. Al llegar, detectaron un olor fétido proveniente de bolsas en el patio, donde se encontró el cuerpo sin vida del menor. Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N” fueron detenidos en flagrancia. Aún deben ser considerados inocentes hasta que se emita una sentencia.
La Fiscalía reconoce que hubo negligencia institucional, falta de empatía y ausencia de vocación de servicio en la atención a la madre. Por ello, el agente que la atendió el 3 de agosto fue cesado y enfrentará consecuencias administrativas y penales. También fue removida una agente del área de Género, en espera de que se determine si incurrió en alguna falta.
La investigación podría extenderse a otros funcionarios.
Respecto a las declaraciones de la activista Fabiola Villa, quien afirmó que se le negó acceso a la carpeta de investigación, se aclara que acudió sin la madre del menor y sin estar acreditada como asesora jurídica, por lo que legalmente no podía acceder al expediente.
