Comisiones legislativas avalan el dictamen que reestructura el sistema judicial estatal, con nuevas reglas para la administración
Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense aprobaron por mayoría la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. La iniciativa fue presentada por los coordinadores parlamentarios de morena, PVEM y PT: José Francisco Vázquez, José Alberto Couttolenc y Oscar González.
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Durante la sesión, presidida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita (morena), se destacó que el proyecto incorporó propuestas de distintas bancadas. El dictamen responde a las reformas constitucionales publicadas el 6 de enero de 2025, que transformaron el modelo de gobierno del Poder Judicial con la creación del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
En la votación general, morena, PVEM y PT respaldaron la iniciativa; PRI, PAN, PRD y MC se manifestaron en contra. En lo particular, se aceptaron dos reservas:
- Una del diputado Octavio Martínez (morena), que establece que se requiere el voto de dos terceras partes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para proponer leyes o decretos.
- Otra del diputado Eduardo Zarzoza (PRI), que amplía las faltas administrativas para incluir resoluciones emitidas de forma dolosa, negligente o por ignorancia inexcusable, cuando contradigan tratados internacionales en materia de derechos humanos, no sólo la Constitución.
Durante la discusión, legisladoras como Miriam Silva (PVEM), Emma Laura Álvarez (PAN), Ruth Salinas (MC) y el propio Zarzoza cuestionaron la rapidez del proceso y pidieron revisar el dictamen con mayor detalle. En respuesta, Octavio Martínez y Selina Trujillo (morena) aseguraron que hubo tiempo suficiente para presentar observaciones.
También participaron en el debate las diputadas Martha Camacho, Nelly Rivera y Yesica Rojas (morena), Itzel Pérez (PVEM), Ana Yurixi Leiva (PT) y el diputado Vladimir Hernández (morena).
Según la iniciativa, los cambios buscan fortalecer la función jurisdiccional y mejorar la impartición de justicia, separando con claridad las tareas judiciales, administrativas y disciplinarias. El documento señala que estas reformas permitirán enfrentar problemas como la opacidad, la corrupción y la falta de transparencia, especialmente en los procesos disciplinarios.
La Legislatura tiene un plazo de 160 días hábiles, a partir de la publicación del decreto, para aprobar las adecuaciones. Si el Pleno las ratifica, esta nueva ley sustituirá la vigente desde octubre de 2022.
