La propuesta quiere protección eficaz y oportuna para mujeres víctimas de violencia
Toluca, Estado de México.- Susana Estrada Rojas, legisladora por el Distrito XXIV de Nezahualcóyotl, presentó una propuesta de reforma al Artículo 28 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México. La propuesta busca que las órdenes de protección para mujeres mexiquenses sean eficaces y oportunas.
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Estrada detalló que el interés superior de la víctima debe ser lo principal y es fundamental activar acciones precautorias y cautelares de oficio. Las autoridades administrativas, el Ministerio Público o los órganos jurisdiccionales competentes deben actuar cuando tengan conocimiento de hechos de violencia que pongan en riesgo la integridad, libertad o vida de las mujeres o niñas, evitando el contacto entre la agresora y la víctima.
La iniciativa especifica que el Instituto de Defensoría Pública del Estado de México debe tramitar y sustanciar acciones en favor de las víctimas y contra la fuente generadora de violencia.
“En casos de violencia política de género, el Tribunal Electoral del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México podrán solicitar medidas de protección”, añade la propuesta.
Estrada destacó la importancia de garantizar que toda mujer mexiquense sea asesorada, asistida y patrocinada en materia legal cuando se presente violencia en su contra.
Actualmente, las instituciones del Gobierno del Estado no tienen una obligación explícita de brindar adecuada orientación y asesoría legal o patrocinio de acciones legales para prevenir y sancionar la violencia. El Instituto de Defensoría Pública tampoco está contemplado como integrante del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
Según la ENDIREH 2021, el 78.7% de las mujeres de 15 años o más en el Estado de México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y el 47.6% en los últimos 12 meses.
La propuesta de Estrada también modifica el Artículo 32 Ter para que las órdenes de protección puedan ser solicitadas por autoridades competentes de otras entidades federativas, sin excusas de competencia territorial. La propuesta fue turnada a comisión para su estudio y análisis.
