Legisladores del Edomex respaldan "Ley Silla"

Comunicación XXI
11.06.25 07:08 PM Comentario(s)

De aprobarse, dependencias estatales deberán garantizar asientos accesibles para mejorar la ergonomía y salud de quienes trabajan de pie

La diputada Maricela Beltrán Sánchez (MC) presentó la iniciativa ‘Ley Silla’, que garantiza sillas con respaldo para servidoras y servidores públicos que desempeñan sus labores de pie. El proyecto, respaldado por los legisladores Ernesto Santillán Ramírez (PT), María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) y Emma Laura Álvarez Villavicencio (PAN), busca dignificar sus condiciones laborales.  


En sesión de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LXII Legislatura mexiquense, Beltrán Sánchez destacó que en el sector público estatal trabajan 159 mil 799 personas, muchas de las cuales pasan largas jornadas de pie o con acceso limitado a sillas.  

La reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios busca asegurar que cada área laboral disponga de asientos adecuados para el descanso periódico. Según la legisladora, la medida responde a principios de dignidad humana y respeto a derechos laborales justos.  

El diputado Santillán Ramírez subrayó que la iniciativa establecería condiciones mínimas de ergonomía en diversas dependencias, incluidas las secretarías estatales, órganos descentralizados, ayuntamientos, hospitales y escuelas públicas.  

Por su parte, la diputada Colín Guadarrama precisó que, cuando el trabajo requiera estar de pie de manera constante, el personal deberá contar con un asiento accesible para mayor comodidad.  

Emma Álvarez Villavicencio propuso que las instituciones públicas garanticen la disponibilidad de sillas con respaldo, alineándose con criterios establecidos en la Ley Federal del Trabajo.  


En caso de aprobarse, cada institución pública tendrá un máximo de 60 días naturales para modificar su reglamento y garantizar el acceso a asientos adecuados. Además, la Oficialía Mayor y los 125 ayuntamientos deberán realizar los ajustes necesarios en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor de la reforma.