Legisladores avanzan en estrategias para mejorar protección del patrimonio
Ante el aumento de denuncias por despojo de inmuebles, el Congreso mexiquense estudia tres propuestas de los grupos parlamentarios de Morena y MC para endurecer sanciones, así como un punto de acuerdo del PRI. En comisiones, diputadas y diputados han coincidido en la urgencia de proteger el patrimonio de la población.
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José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de defensa de la propiedad y recomendó que la ciudadanía tenga sus documentos en regla para denunciar estos ilícitos. Recordó que el Código Penal ya tipifica el despojo con penas de uno a cinco años de prisión y multas de treinta a ciento veinticinco días, pero que, debido al incremento de casos, es necesario mejorar el marco legal y agilizar las denuncias.
Las iniciativas sobre este tema podrían ser analizadas en un periodo extraordinario, pues existe consenso entre la mayoría de los grupos parlamentarios respecto a su prioridad.
El diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) propuso considerar el despojo como delito grave y elevar las penas de cinco a diez años de prisión cuando se cometa en perjuicio de una persona adulta mayor, con violencia física, mediante el rompimiento de cerraduras, forzamiento de puertas o por intimidación. También plantea sancionar los casos de despojo clandestino, por abuso de confianza, engaño o uso ilegítimo de la fuerza pública, además de agilizar los procedimientos para restituir la posesión a quienes acrediten la propiedad del inmueble.
El legislador José Miguel Gutiérrez Morales (Morena) propuso elevar el despojo a delito grave, independientemente de que el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. Establece sanciones de hasta diecisiete años de cárcel y multas de seis mil unidades de medida de actualización para quienes dirijan invasiones o sean autores intelectuales. También plantea ampliar los supuestos jurídicos para incluir el uso indebido de aguas propias o ajenas y actos de dominio que afecten derechos legítimos.
Por su parte, la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) propuso sanciones de hasta veinticinco años de prisión y quinientos días de multa, con agravantes en casos de ocupación de inmuebles privados destinados a vivienda o explotación agrícola, especialmente cuando afecten a personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad. Su iniciativa también prevé sanciones para servidores públicos que instiguen estas ocupaciones, así como penas más severas si el despojo ocurre en terrenos declarados áreas naturales protegidas.
En materia de puntos de acuerdo, la diputada Lilia Urbina Salazar (PRI) solicitó que el Congreso exhorte a la Secretaría de Seguridad estatal para implementar una estrategia conjunta con los gobiernos federal y municipales, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial. La propuesta busca prevenir, investigar, perseguir y sancionar el despojo, con especial atención al Valle de México.
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La estrategia incluiría campañas informativas, asesoría jurídica, vigilancia prioritaria, capacitación policial y la creación de una unidad especializada en la Fiscalía, con personal capacitado para la atención inmediata y la adecuada integración de carpetas de investigación.
