Endurece sanciones contra la tala clandestina y regula tecnologías que afectan el equilibrio ecológico
El Estado de México fortalece la defensa de los recursos naturales y el equilibrio ecológico con reformas impulsadas por el PVEM, PT, PRI, PAN y la gobernadora Delfina Gómez.
Durante la LXII Legislatura, se aprobaron medidas que endurecen sanciones contra la tala clandestina, el uso de bolsas plásticas de un solo uso y la disposición irregular de residuos. También se regulan los cañones antigranizo y avionetas antilluvia.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, destaca la aprobación de penas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 1,500 días para quienes transporten, almacenen, comercialicen o destruyan productos forestales sin autorización. Además, el dictamen elaborado por la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) y la gobernadora contempla agravantes que podrían elevar la pena hasta 110 años de prisión.
Para evitar impactos negativos al ecosistema, se estableció la regulación de tecnologías que alteran el ciclo hidrológico. Su uso requerirá un permiso, y su aplicación sin autorización podrá sancionarse con multas de hasta 6.2 millones de pesos. Esta iniciativa, promovida por el PVEM, el legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT), la diputada Leticia Mejía García (PRI) y la gobernadora, busca prevenir desequilibrios ecológicos.
También se aprobó sancionar con multas de hasta 339,420 pesos a quienes distribuyan gratuitamente plásticos de un solo uso en establecimientos comerciales, salvo excepciones por motivos de higiene y conservación de productos. Quienes incumplan podrían enfrentar la clausura parcial o total de sus negocios.
A propuesta del PVEM y la gobernadora, se estableció que reincidentes en la disposición indebida de residuos sólidos deberán realizar trabajo comunitario en el área afectada.
Por iniciativa de Rocío Alexia Dávila Sánchez y Pablo Fernández de Cevallos González (PAN), se garantizó el derecho de las comunidades a participar en la restauración de ecosistemas y se fomentará una agricultura sostenible mediante la colaboración entre gobierno, ciudadanía y empresas.
Finalmente, el Ejecutivo impulsó la incorporación de educación ambiental en los planes escolares y la protección de áreas naturales a través de estudios técnicos coordinados con municipios y dependencias federales y estatales.
