
El GPPAN impulsa iniciativas contra abuso, violencia y desigualdad que afectan a los más pequeños
Durante el primer año de trabajo de la LXII Legislatura del Estado de México, que comenzó el 5 de septiembre de 2024, el Grupo Parlamentario del PAN ha impulsado diversas iniciativas centradas en la protección de niñas, niños y adolescentes.
Entre los avances logrados destaca la incorporación en la legislación estatal de los principios de mínima intervención y no revictimización de menores en procesos judiciales. También se aprobó en comisiones una iniciativa que establece penas de hasta 10 años y 8 meses de prisión, además de la pérdida de la patria potestad, para quienes cometan violencia vicaria. Servidores públicos que contribuyan a este delito podrían enfrentar hasta ocho años de cárcel, inhabilitación y destitución.
Actualmente se analizan propuestas para sancionar el matrimonio o concubinato con menores de edad con penas de hasta 15 años de prisión y multas de hasta 4 mil días. Las sanciones serían mayores si hay violencia, si las víctimas tienen alguna discapacidad o pertenecen a comunidades indígenas o afromexicanas.
Otras iniciativas buscan prevenir el abuso, acoso y violencia en espacios deportivos, educativos y recreativos, así como crear una red estatal de atención para niñas, niños y adolescentes en situación de calle, con servicios médicos, alimentación y apoyo para reintegrarse al sistema educativo.
Se propone además otorgar facultades al Ministerio Público para reintegrar a menores lactantes al cuidado de la madre cuando el padre se los lleve sin juicio previo de custodia.
Se analizan iniciativas para proteger a la infancia y adolescencia ante situaciones como conflictos armados, violencia o delitos; regular el uso de celulares en escuelas; castigar el acoso digital con hasta 10 años de prisión; y penalizar la creación y difusión de noticias falsas generadas con inteligencia artificial.
También se plantea garantizar el acceso libre a redes sociales para adultos, supervisado para menores; transporte público gratuito para estudiantes sin recursos; y mecanismos para que las juventudes participen en la toma de decisiones sobre políticas públicas.
En materia de salud y maternidad, se busca crear la Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna, apoyar con atención médica y monetaria a adolescentes gestantes, y establecer sanciones contra padres que no contribuyan con los gastos del embarazo.
Otras iniciativas plantean el reconocimiento de la legítima defensa con perspectiva de género y la instalación de refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos.
Además, se aprobó una reforma que reconoce el derecho de las comunidades a participar en la recuperación y protección de los ecosistemas, promoviendo la creación de azoteas y áreas verdes para mejorar el entorno urbano.
Entre las propuestas en revisión están la creación de la Academia de Mercado Digital Mexiquense, la vinculación de bares al sistema C5 para inhibir delitos, y sanciones de hasta 20 años de prisión por abuso sexual cometido mediante el uso de drogas.
También se analiza la creación de una fiscalía especializada en delitos contra animales domésticos; destinar el 5% de lo recaudado por agua a infraestructura para captar agua pluvial; y permitir que servidores públicos continúen voluntariamente en el ISSEMyM tras dejar su empleo, para conservar el acceso a salud.
En cuanto a acuerdos aprobados, se destaca el llamado a implementar una estrategia de recepción y reintegración de personas retornadas, con apoyo de dependencias estatales, municipios y autoridades federales ante las políticas migratorias de Estados Unidos.
Otros acuerdos buscan fortalecer la economía social, fabricar apoyos funcionales como sillas de ruedas y prótesis, implementar programas de nutrición infantil, cubrir adeudos por electricidad en escuelas públicas y establecer planes municipales ante el cambio climático.